En el año 2010, la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU) reconoció el derecho humano al agua potable y al saneamiento, reafirmando que ambos son esenciales para la realización del resto de los derechos humanos.
Una de las características de este derecho universal, es que precisa de inversión en infraestructuras, tecnología e investigación. Sin esa tres especificaciones, no se puede tener agua suficiente, aceptable, físicamente accesible y asequible, como lo indica la resolución de la ONU, que exhorta a los Estados y organizaciones internacionales a proporcionar recursos financieros, a propiciar la capacitación y la transferencia de tecnología para ayudar a los países en vías de desarrollo en su camino.
Reconocida está que el derecho al agua promueve tanto libertades como derechos. Las libertades son el derecho mantener el acceso a un suministro de agua necesario para ejercer el derecho al agua y el derecho a no ser objeto de injerencias, como por ejemplo, a no sufrir cortes arbitrarios del suministro o a la no contaminación de los recursos hídricos.
En cambio, los derechos comprenden el derecho a un sistema de abastecimiento y gestión del agua que ofrezca a la población iguales oportunidades de disfrutar del derecho al agua.
Enfoque del abastecimiento de agua potable basado en los derechos
El enfoque del suministro de agua potable y de servicios de saneamiento desde la perspectiva de los derechos humanos puede servir para impulsar la movilización de las personas, en particular de los pobres y los marginados, informarlas sobre los derechos que las asisten por ley y empoderar para que los ejerzan.
Si bien es cierto, el marco de derechos humanos no resuelve automáticamente las difíciles cuestiones normativas de la financiación, la prestación del servicio o la reglamentación, pero aporta normas internacionales que pueden orientar las decisiones políticas y económicas sobre la asignación de los recursos hídricos, hace que las personas sean escuchadas en la adopción de decisiones relacionadas con el agua y el saneamiento, y puede fortalecer la rendición de cuentas de los Estados sobre la prestación de esos servicios.
Es decir, las personas y las comunidades deberían tener acceso a información y participar en la adopción de decisiones alrededor del tema. Los pobres, mujeres, hombres y los miembros de los grupos marginados, suelen quedar excluidos del proceso de adopción de decisiones sobre el agua y el saneamiento, por lo que rara vez se da prioridad a sus necesidades.
En este sentido, la participación de la comunidad en la planificación y elaboración de los programas de abastecimiento de agua y de servicios de saneamiento es esencial también para asegurar que los servicios sean pertinentes y adecuados y, por consiguiente, sostenibles a largo plazo.
Otro rasgo central de un enfoque basado en los derechos humanos es la importancia que se atribuye a la rendición de cuentas, que pone de relieve la obligación del Estado, como garante de los derechos, de asegurar el acceso de los titulares de los derechos al agua potable y el saneamiento.
En la práctica, la rendición de cuentas debe ir aparejada con leyes, políticas, instituciones, procedimientos administrativos y mecanismos de reparación para promover y proteger el acceso al agua potable y el saneamiento.
Un aspecto importante, que puede mejorar la realización de los derechos, es incorporando a nuestro procesos de la gestión de conocimiento es el uso de las TIC, que fomentar una amplia participación de las personas y comunidades para realizar una asignación del agua de manera transparente y equitativa, así como apoyar el cumplimiento de las regulaciones relativas a la gestión del agua.
